Prevencion blanqueo
Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

Los estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, de obligado cumplimiento por la comunidad internacional, se recogen en España en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y de sus sucesivas modificaciones. La finalidad de esta normativa no es otra que la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de diferentes obligaciones preventivas que necesariamente deben ser cumplidas por dichos operadores económicos. Estas obligaciones tienen diferente naturaleza y abarcan desde la identificación formal y material del cliente hasta la comunicación al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) de operaciones sospechosas de estar vinculadas con dichos delitos, pasando por la necesidad de mantener archivos, de establecer medidas de seguimiento continuo y de análisis de las relaciones de negocio o de desarrollar actividades formativas para el personal adecuadas a la actividad que desarrolla.

Los sujetos obligados de esta Ley son integrantes (físicos o jurídicos) del sector financiero entendido en el concepto más amplio (entidades bancarias, cajas de ahorros, entidades de seguro, operadoras de mercado de valores, sociedades de garantía recíproca…) así como de otros sectores de la actividad económica y de actividades profesionales cuyas actuaciones puedan ser utilizadas con el fin de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (casinos, inmobiliarias, abogados, notarios, auditores, asesores económicos, fiscales y financieros, profesionales de la compa venta de joyas, casas de subasta…).

El incumplimiento de estas medidas preventivas puede implicar, además de la posibilidad de que estos operadores económicos y profesionales puedan ser utilizados de manera involuntaria para la realización de actividades de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, la imposición de importantes sanciones por parte de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, que pueden alcanzar cuantías superiores a 1,5 millones de euros. Igualmente, también es preciso valorar el coste reputacional que para las empresas y los profesionales conlleva el hecho de ser objeto de sanción y las repercusiones que ello pueda tener en el desarrollo de su actividad futura.

Para facilitar el cumplimiento con este escenario normativo, GRUPO ACOUNTAX pone a disposición de los sujetos obligados por el marco preventivo un equipo de profesionales especializados en el diseño y la implementación de las medidas y procesos de control que deben desarrollar, así como con un amplio conocimiento de los riesgos y las amenazas tanto nacionales como internacionales que en este campo tienen que afrontar los operadores económicos. Igualmente, este equipo multidisciplinar cuenta con el conocimiento y experiencia suficiente para orientar dicho cumplimiento al escenario actual y futuro que, en su caso, pueda plantearse por posibles modificaciones que se realicen en el marco normativo nacional y comunitario.

En este sentido, el GRUPO ACOUNTAX es capaz de dar respuesta a las necesidades que a los sujetos obligados se le puedan plantear en diferentes ámbitos de aplicación de la normativa, centrando fundamentalmente sus actuaciones en las áreas de actividad que a continuación se relacionan.

ÁREA DE CONSULTORÍA
Por parte del GRUPO ACOUNTAX se ofrece a los sujetos obligados la posibilidad de realizar trabajos de consultoría a medida de sus clientes que abarquen, según sus necesidades, los siguientes aspectos:

  • Diseño y ejecución de procesos de identificación y evaluación el riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo: Ejecución de consultorías operativas que permitan conocer la exposición al riesgo de u sujeto obligado, planteándole posibles alternativas de mejora e identificando aquellos ámbitos que precisen de adecuación.
  • Análisis de los sistemas preventivos que hayan sido objeto de desarrollo por cada sujeto obligado, evaluando su adecuación, detectando áreas de mejora y procediendo a la implementación de las mismas.

ÁREA DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO
El GRUPO ACOUNTAX tiene capacidad para ofertar a los sujetos obligados el diseño y la puesta en marcha de los preceptivos sistemas de control interno, facilitando el cumplimiento de las obligaciones legales en las siguientes áreas.

  • Elaboración y puesta en marcha de los procedimientos y protocolos internos de detección de operaciones sospechosas, análisis y comunicación al SEPBLAC, así como de los sistemas de alerta.
  • Análisis y diseño de procedimientos informáticos adecuados a cada sujeto obligado para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de detección, análisis y comunicación de operaciones sospechosas.
  • Resolución de consultas a los sujetos obligados sobre la aplicación de la normativa vigente.

ÁREA DE FORMACIÓN Y DE CONTROL EXTERNO
A través de nuestros servicios y con el apoyo de los profesionales que se integran en el GRUPO ACOUNTAXse ofrece la realización de las actividades precisas para dar cumplimiento a las actuaciones que los sujetos obligados tienen que realizar en este ámbito.

  • Diseño y ejecución de los preceptivos planes de formación plurianuales que contemplen actividades formativas adecuadas a los perfiles de cada puesto de trabajo y que se adecuen tanto a las necesidades del cliente como a los riesgos a los que en esta materia estén expuestos.
  • Elaboración de los preceptivos informes de experto externo (confeccionados por un profesional ajeno al sujeto obligado) que con carácter anual tienen que redactarse para evaluar el grado de cumplimiento de las medidas de control interno que cada sujeto obligado debe desarrollar y su adecuación a los riesgos que tiene que hacer frente en este campo.

Todas estas soluciones, tal y como ya se ha señalado, se formulan de manera individualizada para cada cliente, aplicando la mejor solución de acuerdo con sus características y circunstancias particulares y actuando a demanda de sus requerimientos y necesidades. Ello implica aportar un valor añadido frente a los servicios que ofrecen otros despachos y consultorías, que se basan fundamentalmente en la implantación de un modelo similar para todos los sujetos obligados, obviando su adaptación a la realidad que tiene que afrontar y a los riesgos reales que se le puedan plantear.